Argelia ha aprobado una nueva legislación que extiende la prohibición de todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluyendo la negociación, posesión, minería, emisión y promoción de estos activos. La ley, sancionada el 24 de julio, representa una expansión de la Ley Financiera de 2018, que ya prohibía la posesión y el comercio de criptoactivos, pero no abordaba la minería.
El nuevo marco legal funciona como una enmienda a la ley de 2005 sobre la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Según el gobierno argelino, la medida busca frenar los flujos financieros ilícitos en el país.
La legislación establece que cualquier implicación con criptomonedas puede resultar en una pena de prisión de entre 2 y 12 meses y/o una multa de 200.000 a 1 millón de dinares argelinos, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.500 a US$ 7.700 (1.360 € a 7.000 €).
En los casos más graves, relacionados con delitos financieros y organizaciones criminales, las sanciones podrían ser aún más severas. Sin embargo, esto dependerá de la evaluación judicial.
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Prohibición de criptomonedas en Argelia
La medida contrasta con la tendencia observada en otras regiones del mundo. Incluso China, que históricamente adoptó una postura rígida contra las criptomonedas, ha señalado una reciente flexibilización en julio.
A pesar de la prohibición vigente desde 2018, el mercado de criptomonedas en Argelia sigue creciendo. Según informó Matthias Bauer-Langgartner, director de políticas públicas de Chainalysis en Europa, Argelia ocupa el sexto puesto entre los países de Oriente Medio y el Norte de África con mayor volumen de valor recibido en criptomonedas.
Bauer-Langgartner destacó que existe un consenso creciente entre las organizaciones financieras internacionales de que una prohibición amplia de criptomonedas es difícil de aplicar de manera eficaz. La Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) reafirmó esta visión en una actualización publicada en junio.
Según los especialistas, las restricciones generalizadas tienden a empujar el mercado hacia la clandestinidad. En la práctica, esto dificulta aún más la fiscalización y aumenta el riesgo para los usuarios.
Ari Redbord, vicepresidente de políticas públicas de TRM Labs, afirmó que es extremadamente difícil para una jurisdicción aislar por completo las transacciones cripto. Después de todo, estas transacciones ocurren de forma instantánea entre plataformas y países.
Redbord señaló que las regulaciones que otorgan legitimidad a las exchanges de transparencia son más eficaces que las prohibiciones totales. Subraya que llevar la actividad a la legalidad facilita la actuación de los reguladores y aumenta la protección al consumidor.
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