El Banco de Pagos Internacionales (BIS) presentó una propuesta que podría transformar radicalmente la manera en que Bitcoin y otras criptomonedas circulan en el mercado. El plan, divulgado en un boletín reciente, sugiere crear un sistema de puntuación para evaluar la “limpieza” de cada activo digital, con base en el historial de sus transacciones.
La idea es utilizar la propia transparencia de las redes blockchain para clasificar los fondos en listas blancas o negras. Un activo con historial vinculado a carteras verificadas y sin conexión con delitos recibiría una alta puntuación y podría circular libremente. En cambio, monedas que hayan pasado por direcciones sospechosas caerían en la “lista negra” y enfrentarían barreras para su conversión en dólares, euros u otras monedas fiduciarias.
El BIS propone que cada unidad de Bitcoin o stablecoin reciba una calificación de 0 a 100, reflejando el grado de riesgo de vinculación con actividades ilícitas. Puntuaciones cercanas a 100 indicarían un origen confiable, generalmente asociado a usuarios que hayan pasado por procesos de verificación de identidad (KYC). Puntuaciones bajas, próximas a cero, revelarían conexión con delitos como hackeos, mercados ilegales o uso de mixers.
Exchanges, bancos y emisores de stablecoins tendrían la obligación de comprobar el puntaje antes de autorizar cualquier conversión a dinero tradicional. Esto impondría un “deber de diligencia” sobre los usuarios, quienes tendrían que verificar el origen de los activos antes de aceptarlos, evitando recibir criptomonedas “contaminadas” y comprometer toda su cartera.
Sistema de puntos para Bitcoin
De este modo, la propuesta desafía la esencia de la autocustodia. Incluso manteniendo las llaves privadas, el usuario tendría que someterse al filtro del puntaje para mover fondos en el sistema financiero tradicional. Si el activo hubiera interactuado con carteras sospechosas, el exchange podría bloquear depósitos o retiros, reduciendo la liquidez y dificultando operaciones.
Además, otro impacto previsto es el aumento de las exigencias de KYC. Dependiendo del nivel de rigor en cada país, incluso transferencias entre carteras propias podrían requerir verificación reforzada para mantener un buen puntaje. Con ello, los costos y fricciones crecerían tanto para empresas como para individuos, que posiblemente dependerían de servicios de terceros para analizar las transacciones antes de aceptarlas.
El BIS sostiene que la medida ayudaría a combatir el lavado de dinero en un entorno donde los métodos tradicionales, basados en intermediarios, pierden eficacia. Sin embargo, parte de la comunidad cripto considera la propuesta como altamente riesgosa, advirtiendo que podría generar vigilancia permanente y reducir la privacidad financiera de los usuarios.
En última instancia, el modelo señalaría un cambio de paradigma: la soberanía sobre los activos digitales estaría acompañada de una responsabilidad ampliada, en un escenario de supervisión constante y adaptación forzada a nuevas reglas.
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