Uruguay está sentando bases para delimitar la economía digital y que la misma sirva de punto de partida para otros países de Latinoamérica. La construcción de estas nuevas políticas promete ser metódica, basada en la estabilidad y la seguridad jurídica.
La reciente edición del Blockchain Summit Global en Montevideo confirmó el plan: el país no busca competir, sino liderar en sus propios términos, atrayendo un perfil de inversión que valore la regulación.
A diferencia del disruptivo modelo de El Salvador, limitado por restricciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y baja adopción, Uruguay apuesta por la estabilidad.
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¿Cuál es el plan de los “charrúas”?
El epicentro del debate en el evento se centró en la regulación frente a la economía digital, por sobre todo las criptomonedas. En un panel que reunió a figuras clave del Banco Central del Uruguay (BCU) y abogados, el mensaje fue unánime al señalar que Uruguay está en una fase de maduración regulatoria, y lo está haciendo con una precisión quirúrgica.
El movimiento más significativo es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de Uruguay (BCU) para incluir la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), estableciendo un marco claro para atraer inversión.
Aunque la normativa secundaria aún está en desarrollo, el marco se publicaría durante agosto y se basará en tres pilares: protección del consumidor, cumplimiento de las normas anti-lavado de dinero y alineación con estándares internacionales.
Con este enfoque, el país quiere crear un entorno predecible y seguro para que las empresas de tecnología apuesten por las operaciones en el país. «Uruguay está trabajando con la idea de seguir siendo Uruguay, es decir, un país políticamente estable y que ofrezca seguridad jurídica», explicó el abogado Pablo Zanetta.
Esta idea sería la antítesis en cuestión de otros modelos más disruptivos, como es el caso de El Salvador. Uruguay no perdería su impronta, pero entraría en el ecosistema con marcos regulatorios que contribuyan a la transparencia, estabilidad y protección de datos.
«Uruguay busca emular a Europa con regulaciones avanzadas», señala Zanetta, citando como ejemplos marcos normativos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea o la Ley para Mercados de Criptoactivos (MiCA).
Bitcoin, como epicentro de su nueva política
«Abracemos a las criptomonedas» fue un comentario al unísono en el Blockchain Summit Global impulsado, por sobre todo, por la comunidad Bitcoin.
Esta energía unificadora, que reunió a abogados, directivos de exchanges y mineros de Bitcoin, revela la otra cara de la moneda uruguaya. No es solo un proyecto de élites o instituciones; es un movimiento con una base apasionada.
La sinergia entre la comunidad y el marco institucional trazan el camino para Uruguay, que cree que la evolución calculada y la estabilidad institucional son las verdaderas claves para ganar la carrera de fondo en la economía digital.
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