La recién aprobada Ley GENIUS, celebrada por muchos como un avance regulatorio en el sector de las stablecoins en Estados Unidos, ha comenzado a generar una fuerte resistencia entre defensores de la privacidad y la libertad financiera. Para Alex Gladstein, director de la Fundación de Derechos Humanos, la nueva ley no promueve la innovación, sino que expande peligrosamente el alcance del gobierno sobre el dinero de las personas.
Gladstein argumenta que el texto legal abre el camino hacia un sistema de vigilancia financiera centralizado, donde el gobierno podría monitorear, congelar o confiscar activos digitales. Aunque el proyecto parece moderno y favorable al sector cripto, en la práctica crea las bases para un aparato de control sofisticado e invisible.
Aprobada con una amplia mayoría en la Cámara de Representantes (307 votos a favor y 122 en contra), la Ley GENIUS —siglas de Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins— exige que las stablecoins estén 100% respaldadas por reservas líquidas y obliga a los emisores a cumplir auditorías, reglas contra el lavado de dinero e informes periódicos de conformidad.
A pesar de esto, los críticos señalan que la norma institucionaliza herramientas de monitoreo propias del sistema bancario tradicional. El activista Sterlin Lujan fue directo: «No hay nada de pro-cripto o pro-blockchain en la Ley GENIUS». Según él, la exigencia de tecnologías capaces de bloquear y rastrear transacciones transforma las stablecoins en versiones digitales del dólar tradicional, bajo total vigilancia estatal.
La Ley GENIUS
El artículo 4(a)(5) de la ley exige que los emisores cumplan con la Ley de Secreto Bancario, obligándolos a recolectar datos de los usuarios e informar actividades sospechosas. La sección 4(a)(6)(B) va más allá: determina que los emisores deben tener sistemas técnicos para congelar o confiscar fondos por orden judicial. Para los críticos, esto entrega al gobierno un poder directo sobre el dinero de las personas, minando cualquier pretensión de soberanía financiera.
La norma también impide que emisores extranjeros operen en EE.UU. sin cumplir totalmente con los requisitos legales estadounidenses. La sección 5(i) exige certificaciones anuales de conformidad con programas de lucha contra el lavado de dinero, reforzando la lógica de vigilancia centralizada. Todo esto genera dudas sobre si el verdadero objetivo es proteger al consumidor o consolidar un nuevo modelo de control monetario.
Mientras que los legisladores aseguran que la ley ofrece seguridad jurídica e impulsa el dólar digital, los críticos afirman que crea un sistema donde el acceso al dinero dependerá de la aprobación del Estado. Para Gladstein, este camino pone en riesgo el derecho individual a la privacidad financiera y transforma el entorno cripto en una extensión más del sistema bancario tradicional.
Aunque las stablecoins son vistas por muchos como puentes útiles entre el mundo fiat y el ecosistema blockchain, el debate ahora gira en torno a quién controla esos puentes y bajo qué condiciones. Para Lujan, el proyecto solo institucionaliza tokens digitales bajo el mando directo de autoridades centrales, sin ofrecer los beneficios esperados por aquellos que buscan autonomía financiera con criptomonedas.
¿Es la ley buena o mala?
Ante esto, crece la preocupación entre usuarios y especialistas. Muchos advierten que el siguiente paso podría ser la exigencia de identificación biométrica, rastreo en tiempo real y restricción de uso con base en criterios políticos o jurídicos. El riesgo de abuso de poder estatal se convierte, así, en parte central de la discusión.
La Ley GENIUS marca un parteaguas. Aunque ofrece avances regulatorios, también impone desafíos profundos a la libertad financiera. Por ello, analistas como Gladstein piden cautela y exigen un mayor debate público sobre las implicaciones prácticas de esta nueva legislación. Después de todo, la innovación sin libertad no es progreso, es simplemente vigilancia con otro nombre.
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